Michoacanos merecen Fiscalía que dé resultados, no sólo un cambio de nombre

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, calificó de positiva la posibilidad de una nueva revisión a la Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado de Michoacán pues recordó que “hay necesidad de discutir algunos artículos de vital importancia para la normativa”.

La legisladora originaria de Uruapan recalcó que dicho documento se debe elaborar pensando en la población michoacana y sus necesidades.

“Esta Ley tiene que ser un cambio de paradigma pensando en lo que la gente nos está exigiendo; no es solamente un cambio de nombre de Procurador a Fiscal, no es cambiar las etiquetas de las instituciones, es cambiar de manera integral la atención para la gente”, aseguró.

La diputada petista expuso que en el dictamen aprobado esta semana se tuvieron omisiones graves, entre las que se encuentran temas de Derechos Humanos, el servicio profesional de carrera y la eliminación de facultades al propio Congreso del Estado.

“Vemos con preocupación que dentro de las fiscalías especializadas no se considera una que dé seguimiento al tema de Derechos Humanos. No están definidas tampoco las funciones de las fiscalías, salvo las del Fiscal General, y eso tiene que estar obligadamente en esta Ley Orgánica y no en un reglamento; falta tomar en cuenta el servicio profesional de carrera y se quita la facultad al Congreso para poder objetar a los fiscales que nombra el Fiscal General”, detalló la legisladora.

La Coordinadora de la bancada del PT adelantó que también se propondrá que en el cuerpo de la Ley se recupere la figura del Consejo Ciudadano en lugar del Consejo Consultivo propuesto en el último proyecto.

Con ello se busca que exista un cuerpo colegiado vigilante de la Fiscalía General en donde no estén involucradas autoridades gubernamentales, explicó.

“El Consejo Ciudadano que existía en un primer proyecto lo convierten en un Consejo Consultivo que pasa de conformarse por 5 ciudadanos a 6 personas, siendo ahora 3 ciudadanos y 3 autoridades.

Inicialmente entre las facultades del Consejo se encontraban tener una relación directa y hacer observaciones públicas al fiscal para mejorar las condiciones de la institución; sin embargo esto se eliminó en el proyecto final”, concluyó Fraga Gutiérrez.

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